El reemplazo del plan Potenciar Trabajo por los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» generó polémica debido a sus nuevas condiciones y restricciones. Estos esquemas, implementados en febrero de 2024, segmentan a los beneficiarios según su capacidad de inserción laboral, lo que, según organizaciones sociales, implica un recorte encubierto y deja a muchos sin asistencia.
«Volver al Trabajo» está dirigido a menores de 49 años con posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, mientras que «Acompañamiento Social» es para mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos, considerados como «no empleables». Además, el monto de los beneficios quedó fijo en 78.000 pesos, sin ajustes vinculados al salario mínimo, lo que expertos califican como una política regresiva.
Otro aspecto cuestionado es la introducción de nuevas incompatibilidades para recibir asistencia. La normativa impide acceder a estos planes a quienes hayan realizado ciertos gastos con tarjeta de crédito o débito en los últimos seis meses, adquirido dólares para ahorro o viajado al exterior. Se denunciaron casos en los que personas perdieron su ayuda por viajes relacionados con capacitaciones o emergencias familiares.
El fallo judicial que suspendió la eliminación de planes sociales por protestas también cuestionó la facultad del Ministerio de Capital Humano para definir unilateralmente qué conductas ameritan la pérdida de beneficios. La UTEP argumentó que la resolución ministerial asume competencias penales al sancionar con la expulsión del programa a quienes bloqueen calles o alteren el orden público.
El debate sobre la legalidad y el impacto social de estos programas sigue abierto, mientras organizaciones sociales advierten que las nuevas reglas afectan a los sectores más vulnerables y reducen el acceso a la asistencia estatal.
Autor
