El Gobierno de Javier Milei se encuentra elaborando una serie de reformas legislativas que buscan eliminar importantes avances en materia de derechos humanos. Entre los cambios más polémicos se destaca la propuesta de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, un agravante que fue incorporado en 2021 con el objetivo de castigar de manera más severa los asesinatos de mujeres en situaciones de violencia de género.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, ha defendido esta iniciativa, argumentando que se trata de una cuestión de igualdad ante la ley. Según el funcionario, la legislación debería tratar a todos por igual, sin distinciones basadas en el sexo o el género, y consideró que el femicidio es un concepto que favorece a las mujeres en detrimento de los hombres. En sus declaraciones, Cúneo Libarona también arremetió contra el movimiento feminista, al que acusó de distorsionar el concepto de igualdad y de crear divisiones innecesarias entre los géneros.
El debate sobre la eliminación del femicidio ha tomado relevancia en el contexto de la gestión de Milei, quien, en su discurso en Davos, cuestionó las leyes que penalizan más severamente los crímenes contra las mujeres, afirmando que «legalizan» la idea de que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Esta postura se ha convertido en una de las banderas de la actual administración, que también está impulsando cambios en otras leyes clave, como la Ley de Identidad de Género, la Ley del Cupo Travesti-Trans y la Ley de Paridad en las listas electorales.
El femicidio, que fue incorporado al Código Penal en 2021 con el respaldo de una amplia mayoría legislativa, establece penas de prisión perpetua para los crímenes cometidos en el marco de relaciones de pareja o cuando se trata de asesinatos motivados por odio o violencia de género. Su eliminación implicaría un retroceso significativo en la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en Argentina.
El paquete de reformas que está en preparación por parte del Ejecutivo no solo incluye la derogación de la figura de femicidio, sino también la eliminación de leyes que promueven la igualdad de género y la protección de las identidades sexuales no binarias. En este sentido, la administración de Milei está adoptando una postura claramente contraria a los avances conseguidos por los movimientos feministas y de diversidades, con la intención de redefinir los derechos humanos en términos que no favorezcan a ciertos grupos.
El futuro de estas reformas dependerá de la receptividad tanto del Congreso como de la sociedad, que se enfrenta a un debate crucial sobre el rumbo que tomará el país en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y las diversidades en un contexto de creciente polarización política.
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