El calendario electoral de la provincia de Buenos Aires para 2025 se encuentra en pausa mientras el gobernador Axel Kicillof evalúa distintas alternativas para definir el esquema de votación. La posible eliminación de las PASO y el desdoblamiento de las elecciones son temas que dividen aguas tanto en el oficialismo bonaerense como en el ámbito nacional. “Hoy no está definido. Todas las opciones están en evaluación”, destacan desde el gobierno provincial.
La reciente incorporación de la reforma electoral en las sesiones extraordinarias del Congreso refuerza la postura del gobierno nacional liderado por Javier Milei de eliminar las PASO. Este movimiento tiene implicancias directas para Buenos Aires, cuya legislación electoral está estrechamente vinculada a las normas nacionales. En paralelo, en la Legislatura bonaerense se debaten proyectos que oscilan entre la suspensión y la eliminación de las primarias.
El desdoblamiento electoral, una de las posibilidades más controversiales, genera un fuerte debate dentro del peronismo. Mientras algunos intendentes y dirigentes lo ven como una estrategia para fortalecer la centralidad de Kicillof y reducir la influencia de La Libertad Avanza en el ámbito provincial, otros, liderados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideran que esta medida expondría aún más a la gestión bonaerense en un contexto mediático adverso.
A mediados de diciembre, el juez electoral Alejo Ramos Padilla emitió un informe crítico sobre el desdoblamiento, al que describió como “complejo y costoso”. Buenos Aires, con el 40% del padrón nacional, nunca ha implementado esta estrategia, lo que añade incertidumbre a su viabilidad. A pesar de estas advertencias, desde el Ejecutivo provincial insisten en la necesidad de unidad dentro del peronismo para enfrentar al gobierno de Milei, señalando que los ataques mediáticos son una constante, independientemente de las decisiones electorales.
En términos económicos, la provincia enfrenta desafíos significativos, agravados por la falta de aprobación del Presupuesto 2025 y un endeudamiento creciente. Según fuentes gubernamentales, la deuda del gobierno nacional con el distrito supera los $7,8 billones. Esta situación, sumada a la presión de los intendentes por los recursos faltantes, subraya la necesidad de definiciones claras que permitan ordenar las cuentas y planificar las políticas públicas.
El gobernador Kicillof se encuentra en una encrucijada que pondrá a prueba su capacidad para navegar entre las tensiones internas del peronismo, las presiones económicas y las decisiones del Congreso, en un año que será decisivo tanto para su gestión como para el futuro político de la provincia.
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