En un reciente giro en la controversia sobre las reservas de oro del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha mantenido una postura de secretismo al rechazar las solicitudes de información pública sobre el traslado de lingotes de oro. Esta decisión ha generado preocupación y especulación, especialmente después de que un video circuló en redes sociales mostrando camiones con el logo del BCRA transportando cargas sospechosas hacia el aeropuerto de Ezeiza, con posibles destinos en Londres.
El diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ha sido uno de los críticos más vocales de la falta de transparencia. Palazzo indicó que el BCRA, aludiendo a los artículos 8 incisos B y C de la ley 27.275 de acceso a la información pública, ha declarado la reserva y denegado las solicitudes para acceder a la información solicitada.
Entre las razones citadas por el BCRA para la negativa, se argumenta que cualquier detalle sobre la ubicación de los activos podría comprometer la seguridad de los mismos, así como la estabilidad del sistema financiero y bancario del país. Además, se argumenta que la divulgación de esta información podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada por el Banco.
Palazzo, sin embargo, cuestiona la validez de esta decisión. En su cuenta de X, el diputado destacó que las respuestas del BCRA no justifican adecuadamente la negativa y que muchas de las preguntas formuladas no deberían estar sujetas a los artículos citados. Entre las dudas planteadas se encuentran cuestiones sobre el seguro contratado, la transportadora utilizada, los costos asociados al traslado, y el número exacto de lingotes transportados.
El diputado también señaló una aparente contradicción, mencionando que el Ministro de Economía ha reconocido públicamente la operación en medios de comunicación, mientras que el BCRA continúa negando información al público. Palazzo concluyó que esta falta de transparencia sugiere que el oro ha sido efectivamente trasladado y que el gobierno está intentando ocultar detalles sobre el destino y el uso de estos activos, generando desconfianza entre los ciudadanos sobre las acciones gubernamentales.
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