El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento para el turismo estudiantil, buscando establecer un marco comercial que proteja a los estudiantes. Esta normativa fue impulsada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte.
La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes instruye a la Subsecretaría de Turismo a diseñar un proceso de control interno que permita cumplir con los objetivos de la gestión. Esto incluye evitar exigencias que limiten el funcionamiento correcto del mercado del turismo estudiantil, afianzar principios de lealtad comercial, proteger a los estudiantes y garantizar la celeridad y eficacia del obrar estatal.
La norma se basa en la Ley Nacional del Turismo N° 25.997, que declara de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Según esta ley, la actividad turística es prioritaria dentro de las políticas de Estado, y su objetivo es fomentar, desarrollar, promover y regular el turismo y sus recursos.
La nueva normativa introduce un procedimiento administrativo ágil para obtener el “Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”. Este certificado se tramitará de forma digital y por única vez, con la obligación de que los operadores informen cualquier cambio dentro de los quince días hábiles desde que se produzca.
Además, se establece que las agencias de viajes deben acreditar garantías suficientes para solventar posibles incumplimientos derivados de las relaciones contractuales. Estas garantías pueden ser fondos fiduciarios, garantías patrimoniales, bancarias, financieras, depósitos en garantía o seguros de caución.
Para asegurar estas garantías, se creará un fideicomiso privado de administración denominado “Fondo de Turismo Estudiantil” y se implementará la “Cuota Cero”, además de una caución a favor de dicho fondo. Actualmente, el Fondo de Turismo Estudiantil solo cubre prestaciones esenciales como hospedaje, transporte, gastronomía y excursiones diurnas (excluyendo turismo activo y de aventura) y los seguros exigidos en la reglamentación. La nueva normativa busca ampliar esta cobertura para incluir todas las prestaciones demandadas por los pasajeros.
Esta medida representa un avance significativo en la regulación del turismo estudiantil, asegurando una mayor protección para los estudiantes y una operatividad más eficiente y transparente para las agencias de viajes.
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