La protesta contra la controversial Ley Bases terminó en un violento enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fiscal Carlos Stornelli en el centro de la polémica. Las fuerzas reprimieron con dureza, deteniendo a 33 personas, incluidos vendedores ambulantes y ciudadanos que documentaban la represión.
Entre los detenidos se encuentran una familia que vendía empanadas, un vendedor de choripanes y una señora de 59 años que filmaba los disturbios. Todos han sido acusados de sedición y ataque al orden constitucional. Las detenciones fueron trasladadas a los tribunales de Comodoro Py, quedando bajo la jurisdicción de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, quien ha pedido prisión preventiva para todos y les ha imputado 15 delitos, incluyendo agravantes por terrorismo.
La respuesta oficial no tardó en llegar. El miércoles al atardecer, la Oficina del Presidente emitió un mensaje en la red social «X», felicitando a las fuerzas de seguridad por su «excelente accionar» en la represión de lo que denominó «grupos terroristas» que, según la comunicación, intentaron perpetrar un golpe de Estado. La ministra Bullrich respaldó esta postura, calificando la protesta como un «golpe de Estado moderno» y culpando a sectores del kirchnerismo, la izquierda y sindicatos de ser los provocadores de la violencia.
El despliegue represivo fue notable. La policía, apoyada por la Gendarmería y la Prefectura Naval, usó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. La violencia policial alcanzó incluso a la avenida 9 de Julio, superando los términos del famoso protocolo antiprotesta de Bullrich. La plaza quedó desolada, con la policía impidiendo toda circulación y los agentes ocupando las calles.
El jueves, el Ministerio de Seguridad anunció que se presentaría como querellante en el caso, alegando numerosos daños y heridos entre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un segundo comunicado modificó esta posición, probablemente para mantener el control de la investigación sin comprometer la imparcialidad.
Stornelli, en su dictamen, subrayó la gravedad de los hechos, mencionando «sucesos violentos» y posibles intentos de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones. Entre los delitos imputados se incluyen el uso de material explosivo o incendiario y atentados a la autoridad, algunos con penas de hasta 15 años de prisión.
Hasta la noche del jueves, 10 personas habían sido indagadas en la justicia federal, todas con defensa oficial y en espera de respuesta a sus pedidos de excarcelación. Las imputaciones incluyen acciones tan diversas como vender empanadas, grabar la represión y manifestarse pacíficamente.
El operativo ha suscitado una fuerte reacción en el ámbito académico y social. Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, expresó su preocupación por la detención de tres estudiantes de su institución, destacando la represión como un doloroso retroceso.
El jueves al mediodía, diputados de Unión por la Patria que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso fueron atacados con gases lacrimógenos, resultando en hospitalizaciones. Bullrich los acusó de generar violencia, mientras que los diputados anunciaron que presentarán una denuncia contra la ministra.
La movilización había comenzado de manera pacífica con la llegada de grupos sindicales, organizaciones sociales y partidos de izquierda. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad y la escalada de violencia generaron un escenario caótico que empañó la protesta y dejó múltiples denuncias de abuso y represión excesiva.
La situación continúa desarrollándose, con los ojos puestos en cómo se resolverán las imputaciones y el manejo judicial de las detenciones, mientras crecen las críticas a la estrategia de represión y judicialización de la protesta social.
Autor
