La Motosierra de Milei: Mil Obras Paralizadas y 25 Mil Despidos Golpean a los Más Pobres

A siete años de la puesta en marcha del Plan de Integración Socio-Urbana, organizaciones sociales denuncian la paralización de obras y alertan por despidos. Temen que por la agudización de la crisis se incremente la delincuencia y el narcotráfico en los barrios más humildes. La respuesta del Gobierno.

El ajuste implementado por Javier Milei está causando un impacto devastador en los sectores más empobrecidos de Argentina. A siete años de la sanción de la ley 27.453, que busca garantizar la integración socio-urbana de los asentamientos, organizaciones sociales denuncian la paralización de más de 1.000 obras de viviendas en barrios populares y la pérdida de 25 mil puestos de trabajo. Estos despidos y el freno a la urbanización ponen en riesgo el desarrollo de los barrios más vulnerables y pueden incrementar la delincuencia y el narcotráfico.

El gobierno, por su parte, reconoció la paralización de las obras, pero negó las cifras de despidos. Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que ahora depende del Ministerio de Economía, indicaron que las obras fueron detenidas para una auditoría, aunque aseguran que se reanudarán pronto. Sin embargo, no proporcionaron cifras concretas sobre los proyectos que se reactivarán.

En los barrios populares, donde viven 6,5 millones de personas, la situación es alarmante. Más del 65% no tiene acceso a energía eléctrica, el 92% carece de agua potable y el 97% no está conectado a la red cloacal. La paralización de las obras agrava estas condiciones, aumentando la desocupación y frenando proyectos clave para mejorar la vida de decenas de miles de personas.

El Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), que financiaba estas obras con un 9% del impuesto PAÍS (recortado al 1% por el gobierno), préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, aportes de Nación y un 15% del Aporte Solidario y Extraordinario para las grandes fortunas, ha sido reducido drásticamente. Ahora, el fondo está bajo la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

Narcotráfico y delincuencia: los efectos tras el ajuste

El director ejecutivo de la ONG TECHO, Juan Maquieyra, advirtió que el freno a las obras de integración socio-urbana tiene dos grandes consecuencias: miles de familias quedan sin acceso a una vivienda digna y servicios básicos, y en los barrios más postergados, el narcotráfico y otras problemáticas graves avanzan. “Las cuadrillas empleaban a personas de los propios barrios, pero ahora las bandas de narcomenudeo captan a los jóvenes”, señaló Maquieyra.

Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio-Urbana, coincidió en que la pérdida de empleo incrementa el narcotráfico y la delincuencia. Afirmó que algunos municipios han absorbido parte de la mano de obra de las cooperativas, pero no es la mayoría de los casos. Defendió la ley 27.453 y el trabajo realizado, destacando que en muchos casos era la primera vez que el Estado llegaba a estos barrios.

Desde la creación del FISU, hace tres años, se finalizaron 207 mil obras de mejoramiento que alcanzaron a más de 5.000 barrios, y unas 100 mil familias están a la espera de reanudar las construcciones para acceder a luz, agua, gas y otras infraestructuras básicas.

Hambre y ajuste, un combo explosivo

En paralelo, el ajuste también está desmantelando la red de contención social en los barrios más pobres. Los comedores populares, que no solo no reciben asistencia sino que además son atacados con operaciones mediáticas, enfrentan una situación desesperada. El gobierno admitió tener 5.000 toneladas de comida en depósitos sin distribuir, a pesar del reclamo urgente de las organizaciones por falta de alimentos.

El juez federal Sebastián Casanello ha dado tres días a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que cumpla con un plan de entrega y reporte la cantidad de alimentos en los depósitos.

Fernanda Miño lamentó el impacto de las políticas de ajuste en las familias más vulnerables. “El hambre y la pobreza están creciendo de forma alarmante. Hace unos años trabajábamos con la esperanza de transformar los barrios populares y ahora estamos discutiendo sobre la comida. Es muy triste”, concluyó.

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