El gobierno de Javier Milei impulsa una amnistía para regularizar armas no registradas, generando preocupación entre expertos y opositores.
La administración de Javier Milei ha abierto un nuevo frente de polémica al anunciar una iniciativa para facilitar el acceso legal a la tenencia de armas de fuego. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha enviado al Congreso un proyecto de ley que, según los críticos, actuará como un «blanqueo» de armas ilegales, potencialmente incrementando la violencia en el país.
El proyecto de Bullrich tiene dos ejes principales: la regularización de la tenencia ilegal de armas durante un período de 360 días y la extensión hasta 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, activo desde 2007. Esta propuesta ha generado conmoción y duras críticas por parte de expertos y figuras políticas.
“Es un blanqueo liso y llano de armas en poder de los civiles y un negocio para las fuerzas de seguridad que las trafican”, declaró María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
El diputado nacional Matías Molle (UxP), exdirector del Registro Nacional de Armas y Explosivos (Renar), criticó la iniciativa, señalando que “permitirá que personas que no están en condiciones de tener un arma la tengan. No viene a resolver problemas, sino a empeorarlos”. Molle advierte que la ley propuesta eximirá temporalmente a los propietarios de armas de cumplir con los requisitos estrictos que actualmente existen para obtener una licencia.
En Argentina, las armas de fuego deben registrarse bajo la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), cuyo objetivo es promover el desarme y reducir la violencia. Sin embargo, según cifras recientes, el 70% de los usuarios con licencias tienen sus credenciales vencidas, lo que podría significar la existencia de hasta 800.000 armas no registradas en circulación.
Natasa Loizou, exdirectora de la ANMaC, expresó su preocupación: “El gobierno está promoviendo la desregularización del control de armas, lo que genera condiciones de violencia en una sociedad ya afectada por un ajuste brutal”.
El proyecto también ofrece una amnistía para quienes poseen armas sin registrar, eximiéndolos de persecución legal por tenencia ilegal. “La amnistía debería ser por poco tiempo y solo para que se entreguen las armas para su destrucción, no para regularizarlas”, afirmó el fiscal Gabriel González da Silva, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego.
La propuesta ha levantado alarmas adicionales al modificar las medidas preventivas contra usuarios con causas penales o denuncias por violencia de género, permitiendo que las restricciones caigan a los 90 días si no son renovadas por un juez. Esto, según Loizou, promueve la privatización de la seguridad y alivia los controles estatales sobre el mercado de armas.
El abogado Marcos Aldazábal subrayó los riesgos de convivir con armas, indicando que la presencia de armas en el hogar aumenta significativamente las probabilidades de homicidio y de ser asesinado por una pareja.
Las críticas apuntan a que el proyecto podría fomentar el tráfico ilegal de armas, con consecuencias graves para la seguridad pública. Claudio Pandolfi, docente de Seguridad Ciudadana, destacó que iniciativas similares han fracasado en el pasado y no abordan el problema de fondo del control de armas en el mercado.
El proyecto de Bullrich ha desatado un intenso debate sobre la seguridad y la regulación de armas en Argentina, con voces de expertos y legisladores que advierten sobre los peligros de una desregularización que podría aumentar la violencia y el tráfico ilegal de armamento.
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