En los primeros cuatro meses del año, los jubilados que cobran la mínima soportaron una pérdida del 24% en sus haberes, mientras que el resto enfrentó un recorte del 37%. Según el economista Nadin Argañaraz, esta situación podría mantenerse, incluso con un posible repunte de la inflación. Aunque se vislumbra una mejora en el poder adquisitivo si la inflación continúa descendiendo, esto depende en gran medida de las decisiones gubernamentales, especialmente en relación con el bono de 70.000 pesos a partir de junio. Esta preocupación se refleja en el debate actual en el Congreso sobre una nueva fórmula de movilidad previsional. El miércoles 15 de mayo se abordará este tema en un plenario de comisiones en Diputados.
El estudio de Argañaraz también destaca la importancia de la discusión sobre una nueva fórmula de movilidad previsional en el Congreso de la Nación, señalando que es esencial determinar el nivel del piso de febrero en el ajuste de las jubilaciones. Este debate no solo aborda el aspecto económico, sino que también pone en relieve el conflicto de objetivos entre el oficialismo y la oposición en cuanto al nivel de gasto público destinado a compensar a los jubilados. Según el especialista, alrededor de un tercio de la reducción del gasto público en el primer trimestre del año se originó en el recorte real del gasto previsional.
La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de las jubilaciones también está relacionada con el valor del bono a partir de junio. Argañaraz explica que si el valor del bono se mantiene en 70.000 pesos durante junio y la inflación sube levemente, entonces se requerirá que la inflación en junio sea menor al 6,5% para que el poder adquisitivo no disminuya respecto a mayo. Por otro lado, para los jubilados que no reciben bono, su poder adquisitivo se mantendría siempre que la inflación de junio sea igual o menor al 9%.
La mirada hacia el futuro sugiere que, si bien febrero podría erigirse como el mes piso del poder adquisitivo de las jubilaciones, las mejoras serían limitadas debido al punto de partida bajo en el que se encuentran. En este contexto, la discusión sobre una nueva fórmula de movilidad previsional adquiere mayor relevancia, ya que podría significar un menor recorte del gasto público en comparación con 2023, pero también implica un aumento del nivel de gasto en 2024.
Autor
