El próximo martes se prevé una masiva marcha en defensa de la educación pública, autorizada por el Consejo General de Bienestar Académico (CGBA). Sin embargo, la tranquilidad de este evento se ve amenazada por las tensiones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gobierno Nacional, especialmente encarnadas en la figura de la ministra Patricia Bullrich.
El conflicto surge por la presunta intención de Bullrich de desplegar fuerzas de seguridad federales, incluyendo la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más allá de sus facultades legales. Según fuentes cercanas al gobierno porteño, la ministra estaría utilizando como pretexto situaciones de violencia pasadas, como el lanzamiento de morteros desde una distancia considerable, para justificar la ampliación del área de intervención de las fuerzas federales hasta varias cuadras a la redonda de los edificios gubernamentales.
El Gobierno de la Ciudad, por su parte, formalizará la autorización de la marcha universitaria, mostrando su voluntad de garantizar el ejercicio del derecho de manifestación. Sin embargo, queda en entredicho su capacidad para controlar la situación en caso de que las fuerzas federales tomen medidas extremas, como el uso indiscriminado de balas de goma, tal como sucedió en eventos pasados.
La tensión se agrava por la percepción de que la seguridad de CABA se ve subordinada a las decisiones de Bullrich, quien excede sus competencias al intervenir en asuntos que corresponden al ámbito local. Este enfrentamiento de poderes podría desencadenar consecuencias imprevisibles, especialmente considerando el histórico respaldo popular que rodea la figura del líder de la marcha, Javier Milei.
El Gobierno Nacional ha advertido sobre la aplicación del protocolo de seguridad, lo que implica la intervención de las fuerzas federales en caso de situaciones consideradas como desbordes. Sin embargo, muchos cuestionan la necesidad de este protocolo, dado que marchas anteriores de gran magnitud, como la del 24 de marzo, transcurrieron sin incidentes graves.
En este tenso escenario, las autoridades deberán encontrar un equilibrio delicado entre garantizar el derecho de manifestación y mantener el orden público, evitando a toda costa el uso desproporcionado de la fuerza que podría desembocar en situaciones de violencia innecesaria. El martes será un día clave para medir la capacidad de diálogo y contención de ambas partes, en un contexto político cada vez más polarizado.
Autor
