En medio de los despidos de trabajadores estatales, el gobierno de Javier Milei ha decretado un significativo aumento salarial para las fuerzas de seguridad, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el día de hoy. Esta medida ha levantado controversia dado el contexto de recortes en el sector público.
La Resolución 210/2024 del Ministerio de Seguridad establece incrementos salariales para policías federales, gendarmes y prefectos, con rangos que van desde casi 500 mil pesos para los puestos más bajos hasta casi 2 millones para los cargos superiores.
Por ejemplo, un agente de la Policía Federal recibirá un salario bruto de 589.866 pesos a partir de abril, mientras que un comisario general percibirá 1.946.523 pesos. A pesar de estos aumentos, la mayoría de los ingresos no superan la línea de pobreza establecida por el INDEC en marzo, lo que sugiere que muchos de los policías, encargados de reprimir protestas, también se encuentran en situación de pobreza.
Los argumentos dados por la resolución hablan de reconocimiento a la «capacidad, responsabilidad y dedicación» de las fuerzas de seguridad en la ejecución de sus actividades durante operativos. Además de los aumentos salariales, se prevén mejoras en ingresos adicionales y complementos por responsabilidad jerárquica.
La Resolución también incluye mejoras salariales para el personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, así como para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con sueldos que van desde los 383 mil hasta los 946.171 pesos.
Por otro lado, los miembros del Servicio Penitenciario Federal también verán mejoras en sus ingresos, oscilando entre los 248.774 y 1.870.373 pesos.
Incluso las Fuerzas Armadas han sido beneficiadas con aumentos salariales. Aunque no participan en operativos de seguridad interior por el momento, el Ministro de Defensa, Luis Petri, ha elevado los pisos salariales para los integrantes de estas fuerzas.
Este aumento salarial para las fuerzas de seguridad contrasta con la situación de los trabajadores estatales que están siendo despedidos en masa. La medida ha generado críticas y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país.
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