La dignidad de la persona humana, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y en la Constitución argentina, es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erige el Estado democrático y constitucional. Sin embargo, recientes acciones del poder ejecutivo han desafiado este principio, vulnerando los derechos de millones de jubilados y pensionados en el país.
Desde 1957, el artículo 14 bis de la Constitución argentina establece el compromiso del Estado de otorgar «jubilaciones y pensiones móviles», reconociendo la importancia de garantizar un nivel de vida digno para quienes han contribuido al desarrollo de la nación. No obstante, decisiones recientes han puesto en entredicho este compromiso constitucional.
El presidente, amparado en decretos de necesidad y urgencia, ha promulgado medidas que recortan drásticamente los haberes jubilatorios, afectando a más de 7 millones de personas en Argentina. Estos recortes, realizados a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 del 20 de diciembre de 2023 y número 274 del 22 de marzo de 2024, han generado un escándalo y una ola de indignación en la sociedad.
Estas acciones representan una clara violación a los principios de equidad, solidaridad y justicia social consagrados en la Constitución, así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La dignidad de los jubilados y pensionados se ve amenazada por decisiones que priorizan intereses económicos sobre el bienestar y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es importante recordar que ningún motivo extraordinario puede justificar la transgresión de la Constitución, que es la máxima ley del país. Los recortes a jubilaciones y pensiones son una afrenta a la separación de poderes y a la normatividad constitucional, y deben ser repudiados enérgicamente por toda la sociedad.
En este sentido, es imperativo que se restablezcan los haberes jubilatorios a niveles que garanticen una vida digna para todos los beneficiarios. El Estado tiene la responsabilidad indeclinable de proteger y promover los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que han contribuido al desarrollo y la construcción de la nación a lo largo de su vida laboral.
Es necesario que el gobierno reconsidere sus decisiones y actúe en consonancia con los principios constitucionales y los derechos humanos, asegurando que los jubilados y pensionados reciban la protección y el respeto que merecen como seres humanos dignos. La dignidad no puede ser negociada ni sacrificada en aras de intereses políticos o económicos.
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