El clima de incertidumbre y preocupación se acrecienta en el ámbito estatal ante la inminencia de una segunda ola de despidos masivos anunciada por el Gobierno. Con el vencimiento de más de 70 mil contratos de trabajadores estatales a fines de este mes, los sindicatos advierten sobre la posible reducción entre un 20 y 30 por ciento de la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN).
Según fuentes sindicales, se espera que las notificaciones de cesantías se comuniquen el próximo martes o miércoles, lo que ha generado un clima de angustia y temor entre los empleados públicos. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha propuesto convocar a un paro general como medida de protesta ante esta situación.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha manifestado la necesidad de intensificar las acciones de lucha para evitar un escenario de cesantías masivas. Se estima que cerca de 65 mil trabajadores con contratos bajo el Artículo 9 de la APN y otros 6 mil bajo el régimen 1.109 están en vilo a la espera de una definición.
Este clima de incertidumbre se ve exacerbado por la renuncia de Armando Guibert, el funcionario encargado de la «depuración» del Estado, y las declaraciones del presidente Milei, quien se ha jactado de los despidos anteriores. Desde la Casa Rosada, trabajadores han declarado su «estado de alerta y movilización» frente a lo que perciben como un proceso de empobrecimiento de sus salarios y condiciones laborales.
En medio de esta tensión, circulan en redes sociales supuestos «instructivos» de despidos masivos, aunque desde el Gobierno niegan su existencia y aseguran que cada dependencia está llevando a cabo una evaluación de eficiencia para decidir los recortes de personal.
El número exacto de despidos sigue siendo una incógnita, pero los sindicatos sostienen que el Gobierno tiene como objetivo una reducción significativa en el número de empleados públicos. Mientras tanto, los trabajadores en Balcarce 50 protestan contra el ajuste y la eliminación de horas extras que afecta sus ingresos.
En este contexto, se espera que la semana próxima sea determinante para el futuro laboral de miles de empleados estatales, mientras el Gobierno avanza con su plan de reestructuración del Estado.
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