La provincia de La Rioja ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, liderada por el gobernador Ricardo Quintela. La acción legal busca recuperar fondos de coparticipación adeudados, contemplados en la Ley de Presupuesto del 2023, así como los recursos propios del año 2024.
La presentación, respaldada por el ex convencional Jorge Yoma y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, detalla que el Presupuesto 2023, aprobado por la ley 27.701, asignó a La Rioja $47.000 millones de pesos por concepto de coparticipación. Sin embargo, la provincia solo recibió $35.500 millones, generando un déficit presupuestario.
Como consecuencia de esta brecha financiera, La Rioja se vio obligada, con la aprobación de su Legislatura, a emitir Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE), tanto en formato físico como digital. A pesar de los reclamos realizados ante las autoridades nacionales, no se obtuvieron respuestas satisfactorias para resolver la situación provincial.
La demanda busca la restitución de $9.300 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, cantidad que debe ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, se solicita la entrega de $47.000 millones de pesos, actualizados bajo el mismo índice, mediante el sistema de «goteo diario de fondos coparticipables». En alternativa, se plantea el pago en doce cuotas mensuales durante el ejercicio 2024.
En calidad de medida cautelar, se requiere el embargo preventivo de la suma de $9.300 millones actualizados de los recursos que componen el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Esta solicitud se fundamenta en las disposiciones de la Ley de Presupuesto 2023 y en la cláusula constitucional del art. 75.2. Se argumenta también la urgencia de la situación, ya que el 70% de los ingresos provinciales dependen de la coparticipación, siendo esenciales para la implementación de políticas públicas provinciales.
Jorge Yoma informó a través de la red X sobre la presentación de la acción y sus fundamentos. La causa ya ha sido radicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se espera que se solicite la opinión de la Procuración General de la Nación para determinar si corresponde a su competencia originaria.
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