La Jefatura de Gabinete confirmó hoy la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) mediante un decreto que será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial. La medida, que busca el «reordenamiento del organismo», ha generado controversia, siendo cuestionada por el exvicepresidente del ente, Gustavo López, quien la considera «innecesaria» y critica la omisión de la participación del Parlamento en el directorio.
La Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete argumenta que la intervención es una «etapa transitoria pero necesaria» y ha designado al consultor y exempleado de Movistar, Juan Martín Ozores, como interventor, acompañado por la abogada Patricia Roldán y el exdirector del Enacom en la gestión de Mauricio Macri, Alejandro Pereyra, como interventores adjuntos.
Según la Secretaría, la intervención llevará a cabo una auditoría de los fondos públicos destinados a la promoción y fomento de la actividad, con el objetivo de garantizar un uso racional y transparente. Además, se revisarán la regulación vigente y los procesos judiciales en los que está involucrado el organismo.
En un comunicado, la Secretaría asegura que, tras la intervención, el Enacom continuará con su misión original de promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, fomentando un mayor equilibrio y competencia en el mercado.
El Enacom desempeña un papel crucial en la gestión del Fondo de Servicio Universal, que ha financiado proyectos como la distribución de tarjetas de datos a grupos vulnerables durante la pandemia y mejoras en la cobertura y calidad del servicio de internet en todo el país.
Las reacciones ante la intervención son diversas. Mientras algunos sectores respaldan la medida, como la Cámara de Pequeños Productores de Internet (Cappi), otros, como la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), expresan su apoyo a las políticas del Gobierno. Sin embargo, hay voces críticas, como la del titular de la Cámara de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini, quien lamenta la pérdida de la oportunidad de establecer un ente que diagostique el estado actual del sector y establezca una estrategia a favor de la población.
La incertidumbre también se refleja entre las grandes empresas del sector, que aún no han emitido comentarios, y las pymes, que expresan diversas opiniones sobre el futuro de los programas que asisten a las empresas más pequeñas y su participación en la definición de las políticas sectoriales.
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