Grabois alerta sobre Ley de Alfonsín que penaliza con prisión a legisladores que aprueben superpoderes

En una declaración impactante, el referente social y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, advirtió sobre una ley poco conocida que data de la gestión de Raúl Alfonsín y que penaliza a los legisladores que otorguen superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional. Grabois equiparó esta acción a la de traidores a la patria y afirmó que aquellos que la aprueben serán demandados.

La ley en cuestión es el Artículo 227 del Código Penal Nacional, que establece: «Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).»

Grabois instó a que la ciudadanía tome conocimiento de esta normativa y la comparta ampliamente para concientizar sobre las implicaciones de otorgar poderes extraordinarios. En sus declaraciones, el líder social afirmó que esta ley, a menudo pasada por alto, es fundamental para preservar la independencia y los derechos de los argentinos. Además, hizo hincapié en que aquellos legisladores que voten a favor de medidas que otorguen superpoderes podrían enfrentar consecuencias legales, incluida la posibilidad de prisión.

La alerta de Grabois surge en un contexto político y social en el que la discusión sobre la concentración de poder y la necesidad de preservar los principios democráticos ha cobrado relevancia. La sociedad espera ahora una mayor difusión de esta información y un análisis detenido por parte de los representantes legislativos, a fin de asegurar el respeto a las instituciones y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la soberanía y los derechos de los ciudadanos.

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