El secretario general de La Fraternidad y referente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Omar Maturano, anunció que el paro convocado para el 24 de marzo no será levantado y ratificó la movilización prevista para ese día, en respuesta al cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Maturano expresó en una entrevista radial su firme posición respecto a la medida de fuerza: «La CGT recurrió a la Justicia y el 24 recurriremos al Congreso, movilizaremos para pedirles a los diputados que, si la Justicia no se expide, vayamos en contra del DNU». El líder sindical destacó que la respuesta del movimiento obrero es una consecuencia directa de la intención presidencial de realizar una reforma laboral a través de dicho decreto.
El titular de La Fraternidad hizo hincapié en que los sindicatos no aceptarán varios de los cambios propuestos, entre ellos la extensión del período de prueba laboral de 3 a 8 meses, la desregulación de las jornadas extraordinarias de trabajo, la no reconocimiento de las horas extras y la posible eliminación de las obras sociales.
«Obras sociales no las vamos a permitir que nos saquen», afirmó Maturano, destacando que los gremios no se oponen a la libre elección del proveedor de salud, pero rechazan la posibilidad de perder este beneficio.
La medida de fuerza convocada por la CGT está programada para durar 12 horas el 24 de marzo, fecha en la cual se espera que el DNU sea discutido en la Cámara de Diputados. La movilización tendrá como destino el Congreso Nacional, y Maturano aseguró que el transporte público operará normalmente para facilitar la participación en la protesta.
En sus declaraciones, el dirigente sindical comparó las reformas propuestas por el actual gobierno con políticas de gestiones anteriores, haciendo especial énfasis en el riesgo de congelamiento salarial y cierre de paritarias. Además, Maturano salió al cruce de las críticas recibidas por la CGT durante el gobierno anterior, señalando que la falta de paros se debió a la supuesta favorable postura del gobierno de Alberto Fernández hacia los derechos de los trabajadores.
La situación laboral y las tensiones entre el gobierno y los sindicatos prometen mantenerse en el centro del debate político en los próximos meses.
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