En un polémico movimiento que ha sacudido los cimientos del Estado, el presidente Javier Milei ha firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 84/2023, decretando la cesantía de siete mil trabajadores del Estado a partir del 1 de enero de 2023. Este sorpresivo giro de los acontecimientos ha generado una ola de críticas y protestas por parte de sindicatos y trabajadores afectados.
El DNU, publicado este martes, abarca a empleados estatales transitorios y de diversas modalidades de contratación, tanto en la administración nacional como en entes descentralizados como Anses, PAMI y AFIP. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de otros 65 mil trabajadores cuyos contratos se renovarán únicamente por 90 días, configurando lo que algunos califican como «el fraude laboral más grande de la historia en la administración pública».
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado al presidente Milei por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la medida como una «agresión de una magnitud sin precedentes en los últimos 40 años de democracia».
En medio de la controversia, se destaca que existen excepciones dentro de los trabajadores afectados, como aquellos contratados para cubrir cupos de equidad de género y diversidades, discapacitados, y aquellos que hayan cambiado de modalidad de contratación en el último año. ATE sostiene que todos los trabajadores cumplen roles esenciales para el funcionamiento de los organismos estatales.
Ante este panorama, sindicatos como ATE y la CTA Autónoma han anunciado movilizaciones en todo el país, manifestándose en Plaza Lavalle y planteando la posibilidad de un paro general. Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que el presidente Milei está afectando la paz social al dejar a miles de familias en la calle.
La situación ha llevado a varios líderes sindicales, incluyendo a Godoy, Rodolfo Aguiar, Claudio Lozano y al abogado Jonatan Baldiviezo, a presentar una denuncia penal contra Milei por abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público y usurpación de autoridad. La denuncia está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.
En un ambiente tenso y con la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores estatales, la movilización y las acciones legales se perfilan como los próximos capítulos en esta controvertida decisión del gobierno de Milei, que marca un abrupto inicio en su mandato presidencial.
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