En la previa a la Audiencia Pública del 8 de enero, las distribuidoras y transportistas de gas elevaron al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sus descomunales reclamos de aumentos tarifarios, que oscilan entre el 375% y el asombroso 700%. La justificación de estas solicitudes se fundamenta en la búsqueda de «compensación» por el congelamiento de tarifas en los últimos años, generando un impacto directo en los bolsillos de los consumidores.
Las empresas del sector ya anticiparon sus pretensiones, buscando retornar a los valores otorgados durante el megatarifazo de 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri. Este pedido de «recomposición» se traduciría en la aplicación de nuevas tarifas a partir de febrero de 2024, apenas 35 días después de la audiencia.
Las estimaciones de ajuste varían según la región que cada empresa atiende, pero coinciden en la solicitud de establecer un mecanismo de actualización permanente basado en el índice de precios mayoristas. Este planteamiento genera preocupación entre los usuarios, quienes podrían enfrentar incrementos significativos en sus facturas.
Empresas como Metrogas proponen un ajuste del 376,52%, utilizando como referencia el precio vigente a mediados de 2018. Bajo estas condiciones, los usuarios se verían obligados a pagar un «costo fijo» que superaría los 4330 pesos a partir de febrero, independientemente de su categoría o ubicación.
No obstante, otras distribuidoras van más allá en sus reclamos. Naturgy busca un aumento del 400%, Camuzzi Gas Pampeana pide un ajuste del 421%, mientras que Camuzzi Gas del Sur sorprende con una solicitud del 543%. Ecogas, en cambio, presenta una pretensión más moderada del 126%, y Gasnor estima un atraso en sus tarifas entre el 430% y el 700%.
Las empresas de transporte de gas no se quedan atrás en sus demandas, con TGS solicitando un aumento del 567% y TGN superándolo con un descomunal 573%.
La Audiencia Pública del 8 de enero será el escenario donde se discutirán estos pedidos. Las asociaciones de consumidores se preparan para intervenir activamente, mientras el gobierno evalúa cómo abordar la reducción de subsidios a la tarifa, dejando en vilo la decisión sobre la demanda de las empresas. La incertidumbre se cierne sobre los usuarios, que podrían ser los principales afectados por este posible «gasazo».
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