En un nuevo capítulo del escenario político y laboral en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas que podrían afectar a unos 10 mil trabajadores y trabajadoras estatales del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), generando inquietud y rechazo por parte del sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Capital.
Según la información proporcionada por ATE, la decisión de no renovar los contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia podría poner en riesgo los empleos de los mencionados trabajadores. Esta estimación se basa en datos recopilados de la Base Integral de Empleo Público (BIEP), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Luis Caputo justificó la medida argumentando que la práctica habitual de incorporar familiares y amigos antes de la finalización de un mandato es una cuestión común en política. Sin embargo, desde ATE respondieron con firmeza, señalando que muchos de los trabajadores en riesgo no son simples políticos sino compañeros trabajadores que no merecen ser tratados de esa manera.
El sindicato también señala la existencia de un grupo de trabajadores que, aunque fueron contratados como planta transitoria en 2023, ya desempeñaban funciones bajo otras modalidades de contratación, principalmente como monotributistas. Este grupo, que se estima en alrededor de 4 mil personas, plantea la necesidad de una discusión más detallada sobre la aplicación del recorte anunciado por el ministro.
Otro aspecto destacado es la situación de aquellos que ingresaron mediante el cupo trans o el cupo reservado para personas con discapacidad, amparados por leyes vigentes. ATE sostiene que estas circunstancias también deben ser consideradas en la implementación de las medidas propuestas por el Gobierno.
Ante este panorama, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, expresó su rechazo categórico a los posibles despidos, subrayando la contradicción entre el discurso de terminar con la «casta» y la reducción de empleos, sin afectar los sueldos de los funcionarios. Aseguró que no aceptarán ninguna medida que implique la pérdida de empleo para los trabajadores del Estado.
Este anuncio genera un clima de incertidumbre y tensión en el ámbito laboral, y será crucial observar cómo evoluciona la situación en los próximos días con las posibles negociaciones entre el sindicato y el Gobierno.
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