La Comisión de Juicio Político indagará en el polémico fallo que triplicó el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. El objetivo es esclarecer los detalles de esta controvertida decisión y determinar si hubo arbitrariedad en el aumento, desencadenando así una intensa lucha política por la justicia y equidad en la distribución de recursos. El oficialismo ha establecido un cronograma de convocatorias en la Comisión de Juicio Político para investigar el fallo de la Corte sobre la coparticipación. El foco de atención está en desentrañar posibles acuerdos oscuros entre la Corte y el gobierno porteño, y se citarán a importantes figuras políticas y funcionarios involucrados en el caso. La polémica decisión y su trasfondo serán analizados minuciosamente para determinar si hubo connivencia y se tomarán medidas en consecuencia.
La Comisión de Juicio Político ha cerrado el capítulo de la obra social y ahora se centra en el fallo que afecta a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de esclarecer los detalles de esta decisión y explorar posibles acuerdos «espurios», el oficialismo ha establecido un cronograma de convocatorias a destacados funcionarios y políticos involucrados en el caso.
Cerrado el capítulo de la obra social, la Comisión de Juicio Político se enfocará en el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Según adelantó Gaillard, el primer encuentro será el 27 de junio, fecha para la cual tiene planeado convocar al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a gobernadores peronistas (que fueron los que denunciaron que la cautelar de la Corte perjudicaba a las provincias) y al subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. El plato fuerte, sin embargo, será la semana siguiente, cuando el FdT tiene planeado citar al ex ministro porteño D’Alessandro y a Robles, el vocero de Rosatti.
Para el FdT, lo importante es investigar el trasfondo de la cautelar de la Corte que, a fines de 2022, le ordenó al gobierno nacional aumentar de 2,3 a 2,95 puntos la coparticipación porteña (cuando, previamente, había sido Mauricio Macri el que le había triplicado arbitrariamente durante su gestión). Más allá de los cuestionamientos respecto del perjuicio que esta decisión pudo tener sobre las provincias – «fue un fallo contra el federalismo», repetía, casi a los gritos, Marcelo Casaretto (FdT) -, el objetivo del oficialismo es investigar la «connivencia» entre un sector de la Corte (Robles) y el gobierno porteño, lo que habría habilitado la cautelar en beneficio del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. «Es en los chats donde queda expuesto el acuerdo espurio entre la Corte y el sector político que gobierna la Ciudad. Porque los chats dan cuenta de la relación íntima, personal, que existía entre Robles y quien fuera el principal beneficiario de la sentencia, Marcelo D’Alessandro», denunció Rodolfo Tailhade, quien, haciéndose oír por encima de los bramidos de la oposición, demandó «traer a esos dos señores».
«Ustedes quieren hacer un comité de campaña. Quieren citar a Robles, D’Alessandro, otros funcionarios de Larreta. No sé si la quieren citar a Patricia Bullrich también», se quejó López. Fuera del micrófono, Vanesa Siley lo chicaneó: «Me parece que son ustedes los que la quieren traer a Bullrich». «No, no, nosotros la vamos a cuidar», respondió el diputado de la CC, enojado. «Díganle a Carrió, entonces», ironizó Paula Penacca, aludiendo a los dardos que la líder de la CC estuvo lanzando contra Mauricio Macri y Bullrich en la última semana. Cuando la reunión parecía salirse de control, Gaillard llamó al silencio, oficializó el cronograma y concluyó la reunión. Más de un diputado oficialista emprendió raudo hacia la salida, impaciente porque faltaban solo un rato para que hablara Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos.
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