En un tuit que causó revuelo en las redes sociales, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su incredulidad ante la designación del juez Mariano Borinsky para revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan. En su mensaje, CFK destacó que Borinsky era el mismo juez que solía jugar al pádel con Macri en la Quinta de Olivos, calificando la situación de una auténtica «joda». Estos acontecimientos reavivan el debate sobre la existencia de una doble vara en los tribunales de Comodoro Py.
El territorio judicial de Comodoro Py, ubicado en el barrio de Retiro, ha sido testigo de una regla no escrita pero ampliamente reconocida: la fortuna sonríe a Mauricio Macri mientras le es esquiva a Cristina Fernández de Kirchner, incluso en las causas donde ella misma es víctima. En los últimos días, el expresidente logró apartar al camarista Alejandro Slokar de la Sala de Casación encargada de revisar su papel en el caso de espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan, y fue reemplazado por Mariano Borinsky, el juez que solía frecuentarlo durante su presidencia.
La Cámara de Casación se encuentra ante la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos de gran impacto político e institucional, entre ellos la revisión de la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre pasado. Esta decisión está en manos de la Sala IV del máximo tribunal, integrada por Borinsky y Gustavo Hornos, ambos jueces que solían reunirse con Macri en Olivos y en la Casa Rosada.
Sin embargo, el escenario se vuelve aún más complejo con el sorteo de Diego Barroetaveña como juez para intervenir en el caso. Barroetaveña, representante de la Lista Bordó, una de las agrupaciones judiciales más conservadoras y antikirchneristas, ha sido señalado como uno de los referentes de la política judicial. Además, es uno de los jueces de la Sala I de la Casación, tribunal que también tiene pendientes dos causas contra CFK: la de Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán. El juez ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de haber recibido contratos a cambio de cerrar una causa contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
El poder de decisión en estas causas, tanto la de Macri como la de Fernández de Kirchner, parece estar concentrado en manos de jueces que mantuvieron estrechos vínculos con el expresidente. La líder del Frente de Todos ha denunciado en repetidas ocasiones la existencia de un fuero especial para tratar sus casos, donde los camaristas Borinsky y Hornos suelen estar involucrados. Durante el gobierno de Macri, ambos jueces también formaron parte de la Sala I de la Casación, encargada de las investigaciones iniciales en su contra, las cuales eran tramitadas por Claudio Bonadio y Julián Ercolini.
La reciente designación de Borinsky para revisar el sobreseimiento de Macri en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan ha generado polémica y ha llevado a la abogada querellante Valeria Carreras a recusar al juez, recordando sus encuentros con Macri revelados por el portal El Destape. La causa, que involucra el espionaje a las madres, esposas, hermanas y familiares de los tripulantes del submarino, ha quedado atrapada en lo que Carreras describió como un «juego perverso de poder» que impera en el fuero federal de Comodoro Py, donde las víctimas son maltratadas judicialmente una y otra vez.
En medio de este escenario, surge una nueva recusación presentada por Gustavo Arribas contra la jueza Ángela Ledesma, quien ha sido crítica de las reuniones secretas entre Borinsky, Hornos y Macri. La defensa del exdirector general de la AFI busca evitar que Ledesma decida si Borinsky debe permanecer en el expediente, presentando un argumento sorprendente. Esta acción es interpretada como un ataque contra Ledesma y, al mismo tiempo, como un respaldo a Borinsky.
La incertidumbre prevalece en este complejo entramado judicial, donde la imparcialidad de las decisiones es cuestionada y la doble vara se hace evidente. La sociedad argentina observa con atención cómo se desarrollan estos casos de alto impacto político e institucional, a la espera de una justicia transparente y equitativa. La decisión final de la Cámara de Casación será crucial para determinar si se hace justicia en estas causas o si prevalece el juego perverso de poder en Comodoro Py.
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