El organismo que atiende a millones de jubilados enfrenta un escenario crítico por atrasos en pagos y falta de financiamiento. Prestadores advierten sobre posibles interrupciones en servicios esenciales.
La situación financiera y operativa del PAMI atraviesa un momento de fuerte deterioro, en medio de un contexto de ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei. Con una deuda que ya supera los $500.000 millones, el organismo enfrenta crecientes dificultades para sostener la atención médica de millones de jubilados y pensionados en todo el país.
Según alertan clínicas, sanatorios y profesionales de la salud, los atrasos en los pagos se han vuelto cada vez más frecuentes, lo que impacta directamente en la continuidad de tratamientos, la provisión de medicamentos y el acceso a prácticas médicas básicas. En varias provincias, prestadores advierten que el sistema se encuentra al límite de su capacidad operativa.
Este escenario se da en paralelo a una política de recorte del gasto público que afecta áreas sensibles, como la salud. La reducción de partidas destinadas al sector complica el funcionamiento del PAMI, cuya estructura depende en gran medida de la regularidad en los pagos para garantizar la cobertura a sus afiliados.
A la par de las dificultades financieras, también crece la preocupación dentro del propio Gobierno. De acuerdo con versiones periodísticas, en el área sanitaria se multiplican los cuestionamientos por la falta de recursos y no se descartan posibles renuncias de funcionarios ante la imposibilidad de sostener el sistema en las condiciones actuales.
La tensión interna quedó expuesta tras un cruce entre dependencias oficiales. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, buscaron deslindar responsabilidades mediante un comunicado en el que remarcaron que el PAMI se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. La aclaración dejó en evidencia diferencias dentro del gabinete en torno a la gestión de la crisis.
En este contexto, los principales afectados son los adultos mayores, quienes dependen del sistema para acceder a atención médica, tratamientos prolongados y medicamentos de alto costo. Organizaciones del sector advierten que, de no revertirse la situación, podrían profundizarse las restricciones en la cobertura y agravarse el impacto social.
El cuadro general refleja un sistema bajo presión, con prestadores que reclaman soluciones urgentes y un Estado que enfrenta cuestionamientos por su capacidad de respuesta ante una problemática que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la población.
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