La iniciativa propone una fuerte reducción del capital adeudado, eliminación de recargos y un esquema de refinanciación accesible para millones de argentinos en situación de sobreendeudamiento.
En un contexto de creciente presión económica sobre los hogares, se presentó un proyecto de ley que apunta a dar respuesta a uno de los problemas más extendidos en la actualidad: el sobreendeudamiento de las familias. La propuesta contempla una serie de medidas excepcionales destinadas a reordenar pasivos, frenar procesos judiciales y facilitar la recuperación del acceso al crédito formal.
El eje central de la iniciativa es la condonación de hasta el 90% del capital adeudado para aquellas personas cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales. Este universo incluye a sectores medios y bajos que, en los últimos años, quedaron atrapados en un ciclo de endeudamiento producto de la inflación sostenida, la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del financiamiento.
Además, el proyecto establece la eliminación total de intereses punitorios, recargos y comisiones acumuladas, uno de los factores que más incrementan las deudas en mora. De esta manera, se busca “descomprimir” el monto total exigible y permitir que los deudores puedan afrontar un esquema de pagos más realista.
En cuanto al saldo restante, la iniciativa prevé su refinanciación en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés que no podrá superar el 50% de la tasa BADLAR, referencia clave del sistema financiero argentino utilizada para depósitos a plazo fijo de gran volumen. Este punto resulta central para evitar que las refinanciaciones vuelvan a convertirse en una carga impagable.
Otro de los aspectos destacados es la creación de un Fondo de Asistencia a Deudores, que tendrá como objetivo intervenir en situaciones críticas, como desalojos o ejecuciones judiciales. Este mecanismo funcionaría como una herramienta de contención para los casos más vulnerables, evitando la pérdida de la vivienda o bienes esenciales.
A su vez, el proyecto contempla la suspensión por 90 días de todos los juicios y ejecuciones vinculados a deudas alcanzadas por el régimen, una medida que otorgaría un margen de tiempo para que los beneficiarios puedan adherirse y regularizar su situación sin la presión inmediata de acciones legales.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en la propuesta, más de 18 millones de personas podrían acceder a este esquema de alivio financiero. El objetivo no solo es mejorar la situación de los hogares, sino también reducir los niveles de morosidad en el sistema y reinsertar a estos sectores en el circuito del crédito formal.
El debate sobre el endeudamiento familiar viene ganando terreno en la agenda pública, especialmente en un escenario donde el uso de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento informal se volvió una herramienta habitual para sostener el consumo. Especialistas coinciden en que, sin mecanismos de alivio, el problema tiende a profundizarse y a generar efectos en cadena sobre la economía.
La iniciativa deberá ahora iniciar su recorrido legislativo, donde se discutirán sus alcances, costos fiscales y mecanismos de implementación. Mientras tanto, el proyecto ya se instala como una de las propuestas más ambiciosas para abordar una problemática que atraviesa a buena parte de la sociedad argentina.
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