La Cámara de Nueva York falló a favor de Argentina en el litigio por la nacionalización de la petrolera. El Gobierno festejó el resultado, aunque el propio Presidente había criticado el fundamento jurídico que ahora fue ratificado. La estrategia de defensa se sostuvo desde la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
La reciente decisión de la justicia estadounidense en el litigio por la expropiación de YPF marcó un giro clave para la Argentina y desactivó el riesgo de una millonaria condena que podía superar los 16 mil millones de dólares más intereses. El fallo validó que la nacionalización de la petrolera se realizó conforme al derecho argentino, un punto central que había sido cuestionado por los fondos litigantes y, también, por el propio presidente Javier Milei.
El pronunciamiento judicial, emitido por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, rechazó los argumentos de los fondos Burford Capital y Eton Park, que buscaban ejecutar una sentencia contra el país e incluso avanzar sobre activos estratégicos. En cambio, el tribunal sostuvo que la expropiación se ajustó a la normativa local, lo que refuerza la postura histórica del Estado argentino en el caso.
Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto una fuerte contradicción en el discurso oficial. Mientras el Gobierno celebró el resultado como un logro propio, el Presidente había sostenido reiteradamente que la expropiación de YPF fue un error. De este modo, terminó festejando una resolución cuyo fundamento jurídico había cuestionado públicamente.
Un fallo que respalda una política de Estado
La decisión judicial se apoya en un argumento clave: los tribunales estadounidenses no tienen competencia para juzgar actos soberanos regidos por el derecho público argentino. En ese marco, la expropiación realizada en 2012 fue considerada válida, al haberse concretado bajo las leyes nacionales.
Esa medida había sido impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, con el objetivo de recuperar el control estatal de los recursos energéticos.
Desde distintos sectores políticos se destacó que el fallo no solo evita un impacto económico severo, sino que también legitima una decisión estratégica que permitió el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo. Ese proceso derivó, años después, en una mejora sustancial de la balanza energética argentina.
La contradicción presidencial
Pese al respaldo judicial a la legalidad de la expropiación, Milei insistió en su postura crítica hacia aquella decisión, incluso al momento de celebrar el fallo. En sus intervenciones públicas, volvió a calificar negativamente la estatización, en una postura que coincide con los argumentos que habían esgrimido los fondos demandantes.
Esta dualidad generó cuestionamientos en el ámbito político y jurídico: por un lado, el Ejecutivo celebra haber evitado una condena multimillonaria; por otro, desestima el fundamento que permitió ese resultado.
Además, el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, lo que introduce una nueva paradoja. De haberse aplicado ese criterio en 2012, la recuperación de YPF no habría sido posible, ni tampoco los beneficios económicos posteriores vinculados al desarrollo energético.
Una defensa que se mantuvo en el tiempo
El proceso judicial se inició en 2015 y atravesó diferentes administraciones sin cambios sustanciales en la estrategia legal. La defensa argentina sostuvo desde el comienzo que la causa debía resolverse bajo legislación local y que la expropiación había sido legítima.
Incluso tras un fallo adverso en primera instancia en 2023 —que había condenado al país a pagar una suma millonaria—, la apelación mantuvo los mismos argumentos jurídicos. Finalmente, esa línea fue la que prevaleció en la Cámara.
Especialistas en el caso remarcaron que el resultado no es producto de un giro reciente, sino de la continuidad de una política de Estado. También señalaron que el propio tribunal deslizó que el litigio quizás nunca debió tramitarse en esa jurisdicción, lo que debilita aún más la posición de los demandantes.
Impacto político y económico
El fallo no solo evita un fuerte golpe a las reservas del país, sino que también reabre el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. Mientras el oficialismo intenta capitalizar el resultado, distintos referentes subrayan que el logro se apoya en decisiones tomadas más de una década atrás.
En ese contexto, la resolución judicial dejó una imagen difícil de sostener para el Gobierno: la de un Presidente que celebra un triunfo basado en una política que históricamente cuestionó.
La causa aún podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran poco probable que el máximo tribunal intervenga, dado que implicaría revisar cuestiones de derecho argentino.
Por ahora, el fallo representa un alivio económico y una validación jurídica para el país, al tiempo que expone tensiones internas en el relato oficial sobre uno de los casos más relevantes de la historia reciente en materia energética.
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