En el libro El Nudo de Carlos Pagni, publicado hace pocos años, se señala algo que pocos mencionan: teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, La Matanza es el segundo distrito con menor cantidad de hechos delictivos después de Trenque Lauquen. (Casualmente fui concejal en ambos distritos, por lo que los conozco de primera mano).
Sin embargo, durante estos años del gobierno de Milei y Bullrich, algunas cosas cambiaron drásticamente en La Matanza.
De más de 700 gendarmes, hoy quedan menos de 200, y además retiraron a todos los efectivos de la Policía Federal. Las fuerzas federales deberían hacerse cargo de los territorios que corresponden a su jurisdicción: las vías férreas que atraviesan el distrito y la estratégica Ruta Nacional 3, que lo cruza desde la General Paz hasta el kilómetro 47.
El despropósito llega al extremo de que cortaron la luz en casi toda la ruta, dejando a oscuras el Metrobús y abandonando sus instalaciones.
Está de más decir que el narcotráfico —rey, padre y origen de gran parte del delito— es responsabilidad del gobierno federal.
Las estadísticas de homicidios que hoy se le atribuyen a La Matanza tienen como origen el abandono de los operativos federales, exactamente al revés de lo que se hizo mediáticamente en Rosario. Los casos más resonantes comenzaron a sumarse desde enero del año pasado, con los homicidios en la tosquera (cinco en total), todos ligados al narcotráfico: casos federales que fueron dejados de lado.
El objetivo resulta evidente: abandonar provincias y municipios para exponer sus falencias y luego aparecer como los únicos salvadores posibles. Lo mismo ocurre con las rutas nacionales: el abandono obliga a pedir peajes; en este caso, el abandono obliga a pedir fuerzas federales.
También las propias fuerzas federales fueron dejadas en el abandono en lo salarial, en la cobertura de obra social y en recursos. Los suicidios y otros hechos internos constituyen una muestra dolorosa de esa desprotección.
A su vez, es alarmante la cantidad de armas de fuego que se observan en la calle. Desde 2024 comenzó un giro hacia un paradigma proarmamentista que incluyó:
- Desregulación administrativa y simplificación de trámites.
- Flexibilización de requisitos para la portación, incluso de armas de mayor poder de fuego.
- Reducción de controles municipales sobre comercios e industrias vinculadas.
- Reaprovechamiento de armas incautadas por fuerzas de seguridad, en lugar de su destrucción.
- Reforma orgánica que devolvió a la ANMAC su antigua condición de RENAR, bajo control del Ministerio de Seguridad.
Entre las medidas más polémicas figuran la baja de la edad mínima para ser legítimo usuario a 18 años, la amnistía para regularizar armas no registradas y la autorización de armas semiautomáticas de uso militar para fines deportivos.
Nos quitaron las fuerzas federales, no realizan operativos contra el narcotráfico, facilitan la proliferación de armas y, además, recortaron los organismos dedicados a menores y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Llevan al límite la ausencia del Estado y el abandono de áreas y territorios clave, olvidando que cuando el Estado se retira aparecen variables imposibles de controlar. La falta de controles abre la puerta a tragedias que podrían haberse evitado; las víctimas del fentanilo son una muestra dolorosa de lo que ocurre cuando la desidia reemplaza a la responsabilidad.
Por Miguel Saredi
Ex Diputado Nacional
Secretario de Planificación Operativa
Municipio de La Matanza
@M_Saredi
