La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una serie de modificaciones en sus políticas de supervisión financiera que tendrán un impacto directo tanto en los bancos como en los usuarios que eligen el plazo fijo como instrumento de resguardo económico. Estas nuevas disposiciones fueron detalladas por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, en una reciente conferencia de prensa, y se aplicarán a partir de 2025.
Uno de los aspectos más destacados es la actualización de los umbrales que determinan cuándo ARCA intervendrá en la supervisión de determinadas operaciones. En el caso de las cuentas de plazo fijo, se estableció que las personas físicas podrán mantener hasta $100 millones sin ser objeto de seguimiento por parte del organismo. En cambio, las personas jurídicas tendrán un límite de $30 millones. Superados estos montos, la entidad podrá ejercer controles y solicitar información adicional.
Además, para las transferencias bancarias, el nuevo tope será de $50 millones, mientras que las extracciones en efectivo deberán ser informadas solo si superan los $10 millones. Estas actualizaciones representan un cambio significativo con respecto a los regímenes anteriores, en los que los montos eran notablemente inferiores.
Otro punto importante es la eliminación de varias obligaciones de información que hasta ahora regían para entidades financieras y otros actores del sistema. A partir de la entrada en vigencia de las nuevas normas, ya no será necesario declarar compras personales realizadas con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales, así como tampoco la compraventa de vehículos usados, pagos de expensas menores a $32.000 ni consumos de servicios públicos como luz, agua, gas o telefonía.
También se dejará sin efecto la obligatoriedad de reportar operaciones registradas en el sistema CITI Escribanos y transacciones inmobiliarias bajo el sistema COTI.
Las entidades financieras, por su parte, ya no requerirán declaraciones juradas para autorizar movimientos dentro de los márgenes establecidos. Esta flexibilización tiene como objetivo central promover la incorporación de fondos no declarados al circuito financiero, eliminando penalidades fiscales y simplificando los procesos administrativos.
Estas modificaciones reflejan una nueva estrategia por parte del Gobierno, que apunta a modernizar el control fiscal y fomentar la formalización de capitales, sin desalentar el uso de herramientas tradicionales de ahorro como el plazo fijo.
