En el Congreso, la oposición impulsa mejoras para jubilados mientras el oficialismo pone reparos fiscales

En medio de un clima político tenso, la Cámara de Diputados se encamina a debatir dos propuestas que podrían cambiar el panorama para miles de personas en edad jubilatoria: la continuidad de la moratoria previsional y la actualización del bono compensatorio destinado a quienes cobran la jubilación mínima.

Este martes, desde las 13, las comisiones de Seguridad y Previsión Social y la de Presupuesto y Hacienda celebrarán un plenario para firmar los dictámenes correspondientes. La reunión será encabezada por Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y José Luis Espert, quienes tendrán a su cargo conducir el intercambio entre las distintas fuerzas políticas.

Las iniciativas en cuestión son promovidas por bloques opositores al actual gobierno nacional, como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Todos coinciden en la necesidad de garantizar el acceso a una jubilación mínima para quienes no completaron 30 años de aportes, y en mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La moratoria vigente, que permitía regularizar aportes previsionales, caducó en marzo de este año. Por eso, un grupo de legisladores presentó un proyecto para prorrogarla por dos años más. La propuesta beneficiaría a mujeres de 60 años o más y a hombres desde los 65 que no cuenten con los aportes necesarios, permitiéndoles acceder a la jubilación mínima con descuentos por plan de pago.

Actualmente, quienes no califican para jubilarse solo pueden acceder a la PUAM, una prestación que equivale al 80% del haber mínimo ($296.481,74) y que no incluye el derecho a una pensión por viudez.

Otro de los temas centrales del encuentro será el aumento del bono extraordinario que se paga a los jubilados. Hoy, este bono es de $70.000, pero las propuestas de Encuentro Federal y Unión por la Patria buscan elevarlo a $115.000 para equiparar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo.

Desde el oficialismo y sus aliados, se objeta la falta de un informe actualizado sobre el costo fiscal que implicarían estas medidas. José Luis Espert advirtió que la Oficina de Presupuesto aún se encuentra trabajando en el análisis del gasto que implicaría la declaración de emergencia en discapacidad, y recién después podrá emitir un dictamen sobre los proyectos vinculados al sistema previsional.

La discusión anticipa una fuerte puja entre los sectores que buscan ampliar derechos previsionales y los que priorizan el ajuste del gasto público. El resultado de este debate será determinante para el futuro de miles de adultos mayores que esperan una respuesta del Congreso.

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