El presidente Javier Milei desafía la Constitución y nombra por decreto a dos jueces en la Corte Suprema, una maniobra que expertos y organismos de derechos humanos tildan de inconstitucional. En plena crisis por el Criptogate, que lo involucra en un fraude multimillonario, el mandatario intenta desviar la atención con una jugada que sacude los cimientos del Poder Judicial.
Sin el aval del Senado, Milei designó a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en un movimiento que recuerda el intento frustrado de Mauricio Macri por imponer magistrados “en comisión”. Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada por juristas, quienes advierten que este nombramiento rompe con la independencia de la Justicia.
Desde el gobierno justificaron la medida argumentando que la Corte necesita estar completa para su correcto funcionamiento. No obstante, críticos como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostienen que la acción presidencial carece de validez legal. “Es un retroceso institucional que pone en peligro la democracia”, advirtió Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
La oposición en el Senado no tardó en reaccionar, denunciando la maniobra como un atropello a la división de poderes. Con una mayoría capaz de bloquear la ratificación de los jueces, la jugada de Milei podría convertirse en un fiasco si no logra el respaldo necesario cuando el Congreso retome sus funciones.
La sombra del Criptogate se cierne sobre la Casa Rosada, y con esta decisión, el presidente parece dispuesto a todo para desviar la atención de un escándalo que amenaza con desmoronar su gestión. ¿Logrará imponer su voluntad o enfrentará un nuevo revés político?
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