Los incendios en el sur del país han consumido más de 37 mil hectáreas de bosques, dejando a más de 700 familias evacuadas y provocando la destrucción de cientos de viviendas. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno ha ejecutado solo el 22% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en lo que va del año, mientras los brigadistas enfrentan despidos y contratos precarios.
El fuego, avivado por las condiciones climáticas extremas, avanza sin un plan de contención adecuado. Según Greenpeace, el Parque Nacional Lanín ha perdido 15.200 hectáreas, mientras que el Nahuel Huapi ha sufrido la destrucción de más de 10 mil. La situación también es crítica en Chubut, Río Negro y Neuquén, donde miles de hectáreas han sido arrasadas.
A la falta de inversión en prevención y combate de incendios se suman despidos en Parques Nacionales y la incertidumbre laboral de los brigadistas, quienes solo tienen garantizado su empleo hasta abril. La administración de Parques Nacionales despidió a 30 brigadistas en enero, en plena emergencia, sumándose a la reducción de personal del año pasado. Además, los salarios bajos han llevado a muchos trabajadores a buscar otros empleos, debilitando aún más la capacidad de respuesta ante los incendios.
En paralelo, la intervención del Ministerio de Seguridad en la crisis ha generado preocupación. En El Bolsón y Bariloche se registraron detenciones arbitrarias de voluntarios que colaboraban en la emergencia, acusados sin pruebas de iniciar focos ígneos. Vecinos y organizaciones de derechos humanos denunciaron que estas acciones buscan criminalizar a quienes intentan ayudar y desviar la atención de la falta de respuestas oficiales.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, aprovechó la situación para solicitar la presencia del Ejército en la región con tareas de seguridad interior, una medida que generó rechazo en sectores locales. Mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha sido tardía y limitada, con anuncios de transferencias de fondos para la reconstrucción de viviendas, pero sin un plan integral para abordar la emergencia y evitar que estas tragedias se repitan en el futuro.
Expertos advierten que el problema podría agravarse en los próximos meses debido a la sequía y el fenómeno climático de La Niña, que favorece la propagación del fuego. La falta de recursos, la precarización laboral de los brigadistas y la represión a voluntarios generan un panorama preocupante, mientras los incendios continúan avanzando sin un plan efectivo de contención.
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