Patricia Bullrich y un proyecto de ley que no impacta en los mercados criminales
El proyecto de ley «antimafia» del Gobierno ha encendido todas las alarmas en el ámbito judicial y de derechos humanos. Según denuncian jueces y especialistas, esta iniciativa otorgaría un poder desmedido a las fuerzas de seguridad, permitiéndoles detener personas sin pruebas concretas, realizar allanamientos sin orden judicial e interceptar comunicaciones privadas sin autorización previa.
La medida, promovida por la ministra Patricia Bullrich, se presenta como una herramienta para combatir el crimen organizado, pero los expertos advierten que su verdadero impacto será la criminalización de sectores vulnerables. Según el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), la norma establece un «estado de sitio encubierto», donde las garantías constitucionales serían suspendidas en zonas específicas a pedido de fiscales o del Ministerio de Seguridad, sin intervención del Congreso.
Uno de los puntos más polémicos del texto es su ambigua definición de «organización criminal», que podría aplicarse a cualquier grupo de tres o más personas que cometan delitos graves en un área determinada. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta falta de precisión jurídica permitiría que cualquier persona sea catalogada como miembro de una banda delictiva, facilitando su encarcelamiento sin pruebas contundentes.
El juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, expresó su preocupación por la omisión de delitos económicos y financieros en la norma, lo que sugiere que la ley no está diseñada para desmantelar las estructuras de financiamiento del crimen organizado. Esto, según los críticos, demuestra que la verdadera intención del proyecto no es combatir a las mafias, sino instaurar un modelo represivo que apunte a los sectores populares.
Otro punto que ha generado controversia es la posibilidad de que las fuerzas de seguridad detengan a personas bajo el pretexto de «averiguación de antecedentes» durante 48 horas, con la opción de extender este plazo hasta 30 días. Esta medida, según organismos de derechos humanos, equivale a una «excursión de pesca», que en la práctica se traduce en detenciones arbitrarias basadas en prejuicios raciales y de clase.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) ha documentado casos en los que personas han sido arrestadas simplemente por vivir en el mismo domicilio donde se cometió un delito. Además, denuncian que la normativa habilita la imposición de penas desproporcionadas, castigando con la misma severidad a un pequeño eslabón dentro de una organización criminal, como una «mula» que transporta droga por necesidad económica, y a un sicario de alto rango.
El proyecto fue tratado en un plenario de comisiones en noviembre de 2024, donde solo se permitió la exposición de voces favorables a la iniciativa. Representantes de organismos de derechos humanos, como Mariano Przybylski y Manuel Tufro, fueron silenciados y no se les permitió argumentar en contra de la medida.
Para el fiscal y académico Alejandro Alagia, la ley antimafia es «una reforma encubierta del estado de sitio constitucional», ya que permite que el Ejecutivo decida unilateralmente cuándo y dónde suspender derechos fundamentales. En su análisis, Alagia sostiene que esta ley «no pertenece a la democracia» porque traslada a las fuerzas de seguridad la potestad de restringir derechos sin el debido control del Congreso.
Con una media sanción en su haber, la ley antimafia se encamina al Senado, donde enfrenta un creciente rechazo de sectores judiciales y de derechos humanos. La pregunta que queda en el aire es si el oficialismo logrará imponer un modelo de seguridad basado en la represión indiscriminada o si el Congreso frenará lo que muchos consideran un grave retroceso en las libertades democráticas.
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