La crisis en la Gendarmería Nacional se profundiza. Los efectivos de la fuerza, encargados de la represión de protestas y el mantenimiento del orden público, han manifestado su descontento por los aumentos salariales que consideran insuficientes. Como parte de su reclamo, analizan llevar adelante protestas en distintos puntos del país y han solicitado la intervención de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
A través de grupos de comunicación interna, los efectivos han dejado en claro su enojo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los aumentos de 1,6% en enero, 1,2% en febrero y 5% en marzo. Según argumentan, estos montos no alcanzan para afrontar los costos de vida en ciudades donde son trasladados sin garantías de alojamiento. Muchos han recurrido a trabajos alternativos como reparación de electrodomésticos, transporte de pasajeros o delivery para compensar sus ingresos.
Las convocatorias a protestas han circulado ampliamente. Se espera que los efectivos se reúnan en puntos clave como Rosario, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Salta. No obstante, la posibilidad de que las concentraciones se concreten está en duda debido a las medidas de inteligencia y disciplinarias ordenadas por Bullrich. En los últimos días, se filtró un formulario interno en el que se exige a los efectivos identificar a compañeros que apoyen los reclamos, generando un clima de tensión y desconfianza dentro de la fuerza.
Un dato alarmante es que cerca del 45% de los efectivos han solicitado la baja o presentado carpetas psiquiátricas. Entre las principales razones de su desgaste están las largas jornadas laborales, la falta de garantías para alquilar viviendas y el riego constante en operativos de seguridad. Algunos también señalan la falta de capacitación para intervenir en conflictos urbanos de alta peligrosidad.
Los aumentos salariales publicados recientemente tampoco han logrado calmar la situación. Un subalférez cobró 834.000 pesos en enero, 844.000 en febrero y recibirá 886.000 en marzo, cifras que los efectivos consideran insuficientes tras los descuentos obligatorios. En los grupos de mensajería interna, la indignación es evidente: “es una burla”, “ni para la SUBE”, “se ríen en nuestra cara”, son algunos de los comentarios compartidos.
Otro factor llamativo es la postura de algunos sectores dentro de la fuerza, que han expresado abiertamente su apoyo a la vicepresidenta Villarruel, dirigiéndole una carta abierta para solicitar su intervención en el conflicto. En el documento, los gendarmes autoconvocados argumentan que sus salarios los colocan por debajo de la línea de pobreza y que muchos deben recurrir a trabajos informales para subsistir.
El conflicto recuerda el levantamiento de 2012, cuando los gendarmes se rebelaron contra el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, la situación actual presenta una particularidad: si bien los efectivos no critican abiertamente al gobierno de Javier Milei, el malestar con Bullrich es evidente. A pesar de su función represiva, los gendarmes parecen estar alcanzando un límite que podría desembocar en una crisis sin precedentes dentro de la institución.
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