El último fallo del año de la Corte Suprema no dejó lugar para la indiferencia. En una decisión que generó indignación en diversos sectores, el máximo tribunal autorizó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño revise los recursos en la causa del Correo Argentino. Esto podría significar un alivio para Mauricio Macri y su familia, quienes enfrentan una deuda multimillonaria con el Estado. Críticos consideran que esta jugada judicial, que traslada el caso a un ámbito más favorable, garantiza eludir el pago de una de las quiebras más emblemáticas de las últimas décadas.
El caso del Correo, que lleva más de dos décadas en los tribunales, se ha convertido en un símbolo de las irregularidades empresariales del grupo Macri. En 2017, la fiscala Gabriela Boquin frenó un acuerdo sospechoso que pretendía reducir en un 98,87% la deuda con el Estado, lo que también derivó en una causa penal. Desde entonces, la estrategia del Grupo SOCMA ha sido agotar todos los recursos legales para evitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
El TSJ porteño, integrado por jueces con vínculos al macrismo, es ahora el encargado de definir la suerte de este proceso. Figuras como Inés Weinberg, ex candidata de Macri a la Procuración General, y Santiago Otamendi, exfuncionario de su gestión, forman parte de un tribunal que ha sido señalado por su parcialidad en casos de alto perfil. La resolución de la Corte Suprema, firmada por Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, amplía las competencias del TSJ, permitiéndole revisar expedientes comerciales, civiles, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria.
Las repercusiones de este fallo no se hicieron esperar. Sindicatos judiciales denunciaron que la decisión atenta contra la democracia y busca blindar al expresidente. “Lo fallado solo garantiza la impunidad de Macri en desmedro del Estado nacional”, declaró Julio Piumato, líder de la Unión de Empleados Judiciales. Desde el Sitraju, Vanesa Siley afirmó que el TSJ no respeta los derechos de los trabajadores ni de los ciudadanos, y calificó la sentencia como un atropello a la justicia.
Con este movimiento, el Grupo Macri también espera anular acusaciones de maniobras de vaciamiento y obtener un posible resarcimiento por la expropiación del Correo. La Corte Suprema, al legitimar la intervención del TSJ, parece haber allanado el camino para que este emblemático caso termine en un tribunal con claras afinidades políticas, dejando una profunda huella en la confianza ciudadana en el sistema judicial.
