En un inesperado giro, el gobierno de Milei ha decidido no renovar una normativa clave del Banco Central, generando un impacto directo en los salarios de los empleados estatales. En medio de tensiones con los gobernadores, esta medida afectará a miles de trabajadores, desde docentes hasta personal administrativo y médico.
La alteración de la normativa, en vigor desde la victoria de Alberto Fernández en 2019, permitía a los bancos financiar a organismos estatales para garantizar el pago puntual de salarios. Sin embargo, el gobierno de Milei ha optado por suspender esta medida, generando un retraso de hasta cinco días en el cobro de salarios para los empleados estatales.
Las primeras consecuencias ya se han hecho sentir en algunas universidades nacionales, donde los empleados han sido notificados de la imposibilidad de recibir sus haberes en la fecha acostumbrada. Este cambio afecta a diversas instituciones, desde universidades hasta organismos descentralizados como el INTA o la AFIP.
La situación se agrava al generar desigualdades entre aquellos que cobran a través de bancos privados, quienes no se verán afectados por la medida, y aquellos que dependen del Banco Nación, el único hasta ahora que se ha plegado a la decisión del Banco Central.
Las reacciones no se han hecho esperar, con gremios estatales expresando un «enérgico repudio» a esta decisión que afecta directamente la economía de los trabajadores en un contexto de salarios ya de por sí precarios. En este escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado se reunirá en consejo directivo para decidir si convoca a un paro en respuesta a esta medida que impacta de lleno en los bolsillos de los empleados estatales.
