En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Javier Milei derogó 69 normas, incluyendo la obligación de colegios privados de informar costos a la Secretaría de Comercio. Esta medida otorga a instituciones educativas privadas de todos los niveles la libertad de fijar precios sin restricciones, dejando a los padres de alumnos inscriptos en 2023 en una situación vulnerable ante posibles aumentos.
El ultraderechista Milei, defensor de la desregulación, justificó la derogación como una forma de eliminar obstáculos a las relaciones comerciales y reducir la intervención estatal. A pesar de la escalada de precios en diversos sectores esenciales, el Gobierno da luz verde a los colegios para ajustar cuotas, generando preocupación entre los padres, quienes se ven ahora rehenes de incrementos imprevistos.
La derogación de una norma vigente desde 2019, que establecía la necesidad de informar estructuras de costos para aprobar aumentos, ha dejado al descubierto a los padres, sin la posibilidad de buscar alternativas educativas ante las inminentes subas. Esta medida, en un contexto de aumento generalizado de precios, se asemeja al polémico caso de las prepagas, donde alzas del 80% fueron implementadas en tan solo dos meses.
La desregulación educativa, impulsada por el Gobierno bajo la premisa de disminuir la burocracia y fortalecer la competencia, plantea un escenario incierto para los padres que, a pocas semanas del inicio de clases, se ven atrapados por decisiones económicas que escapan a su control.
La Secretaría de Comercio, encargada de estas medidas, justifica la derogación como una forma de simplificar el comercio y evitar pérdidas de tiempo y recursos. Sin embargo, el trasfondo de estas decisiones deja a los padres y alumnos en una posición de vulnerabilidad ante la incertidumbre de los ajustes que podrían imponer las instituciones educativas privadas.
Esta nueva etapa de desregulación, plasmada en la derogación de normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, podría ser solo el comienzo, según la Secretaría de Comercio, que anticipa más medidas en el futuro. El impacto de estas decisiones se siente con fuerza en el sector educativo, donde la incertidumbre económica se suma a la ya existente preocupación por el inicio del nuevo ciclo lectivo.
