En un giro estratégico, el Gobierno nacional ha delineado la hoja de ruta para lo que denomina la «canasta básica energética indispensable», en un intento claro de llevar a cabo una «recomposición tarifaria». Esta medida surge en respuesta a las ambiciosas propuestas de mega tarifazos por parte de las principales distribuidoras de energía eléctrica del AMBA, quienes buscan incrementos de hasta un 89%, con actualizaciones mensuales automáticas.
La propuesta gubernamental implica dejar atrás la segmentación de tarifas implementada por la administración anterior y apunta a determinar los ingresos totales del grupo conviviente, con un porcentaje aplicado a pagar la factura de energía. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la viabilidad operativa de esta evaluación y sobre si la canasta energética resultante significará la derogación de leyes que benefician a sectores vulnerables.
En el ojo de la tormenta se encuentran la continuidad del régimen de zona fría y el subsidio para los más necesitados, quienes utilizan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Gobernadores e intendentes, sin distinción de signo político, han expresado su rechazo a la eliminación de estos beneficios, que afectarían a unos 3 millones de usuarios.
Estas decisiones, que determinarán la cuantía de los subsidios y sus beneficiarios, serán debatidas en una audiencia pública, recordando el proceso llevado a cabo para la segmentación tarifaria en el Gobierno anterior. Desde la Secretaría de Energía, se argumenta que la segmentación anterior, si bien mejoró la gestión de subsidios según los ingresos de los titulares, sigue alejada del criterio de auxiliar a quienes realmente lo necesitan.
La nueva propuesta busca «enfocar los subsidios» mediante una «canasta básica energética» que considera volúmenes indispensables de consumo por zona bioclimática. Si el precio de esta canasta supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente, se otorgaría el subsidio. Sin embargo, esto podría excluir a beneficiarios de planes sociales, creando superposiciones y dejando fuera a la población más vulnerable.
Además, se cuestiona la falta de control en el padrón de usuarios, evidenciando incongruencias entre diferentes registros. Desde la nueva administración se destaca la necesidad de un cálculo de consumos esenciales según grupo conviviente y región para implementar eficazmente este nuevo esquema en el corto y mediano plazo.
