En un escenario político candente, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), diversos movimientos sociales y la izquierda se unirán el próximo 24 de enero en una movilización masiva para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei bajo la bandera de «La Libertad Avanza» (LLA). A pesar del protocolo represivo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los organizadores anticipan una convocatoria histórica.
Desde el lanzamiento del protocolo anti-piquetes el pasado 20 de diciembre, la ministra Bullrich ha reiterado su enfoque permanente, destacando que se aplicará «todos los días, en todas las marchas, en todo momento». Sin embargo, la prueba de fuego para esta medida se presenta el 24E, cuando diversas fuerzas sindicales, movimientos sociales y organismos de derechos humanos se unan para expresar su rechazo al DNU 70/2023, que según argumentan, busca recortar derechos fundamentales.
Patricia Bullrich ha desafiado la convocatoria, cuestionando la necesidad de un paro y acusando al movimiento obrero de responder después de «estar cuatro años bajo la cama». En respuesta, los organizadores de la movilización desestiman las críticas y aseguran que Bullrich no podrá evitar la expresión de los trabajadores en las calles.
En la organización del 24E, se están llevando a cabo reuniones para coordinar la concentración y el desplazamiento de las diferentes columnas. La CGT se ha unido con representantes de las dos CTA y movimientos sociales, destacando la estrecha relación con la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP). Los dirigentes sindicales anticipan una gran concentración, algunos sugieren la posibilidad de alcanzar cerca de un millón de participantes, comparándolo con eventos históricos como el Cordobazo o el Mayo Francés.
Destacadas figuras de derechos humanos, como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Carlos Pisoni de H.I.J.O.S Capital, confirman su participación y expresan su determinación de estar en las calles, independientemente del protocolo represivo.
El protocolo de Bullrich, implementado el 15 de diciembre, otorga a las fuerzas de seguridad federales la autorización para desalojar cortes, incluso cuando se deja una vía de circulación libre. Además, criminaliza la protesta, generando un banco de datos con información de organizaciones y personas que participan en manifestaciones. Se suma a esto la amenaza del gobierno de enviar facturas por los operativos policiales a los grupos que se manifiesten.
El proyecto de ley ómnibus, enviado al Congreso el 27 de diciembre, profundiza estas medidas, exigiendo aviso previo al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación y otorgando facultades para prohibir actividades o cambiar fechas. La reunión de tres personas en la calle sería considerada una manifestación, con penas de hasta seis años de prisión para los organizadores.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han cuestionado estas medidas a nivel internacional y presentaron un amparo contra el protocolo de Bullrich. Expertos legales y dirigentes políticos califican estas acciones como inconstitucionales y antidemocráticas, marcando una regresión a estándares de hace más de 30 años.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic critica la efectividad del protocolo, señalando que resultó inconducente e inaplicable en movilizaciones anteriores. María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), destaca la conformación de una red federal por la defensa de los derechos humanos y la democracia.
El escenario para el 24E se presenta como un desafío para Patricia Bullrich, quien deberá diseñar un operativo que garantice la seguridad sin violar derechos constitucionales. La movilización promete ser un hito en la resistencia contra medidas que amenazan el derecho a la protesta y la democracia en Argentina.
