En una movida controvertida, el Gobierno Nacional argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha derogado la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Esta decisión ha generado preocupación, ya que habilita la apropiación extranjera del agua dulce en todas sus formas, poniendo en riesgo acuíferos, ríos, humedales, lagos y otros cuerpos de agua en el país.
La Ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del mencionado decreto, prohibía la venta de propiedades que contienen o son ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Esta limitación impedía la extranjerización de importantes recursos naturales estratégicos, como el agua dulce. Con su derogación, el camino queda despejado para la apropiación extranjera de estos recursos esenciales.
El alcance de esta medida afecta a diversos ecosistemas en todo el país, desde los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia hasta los ríos de planicie y de montaña, humedales, lagos, nacientes y glaciares patagónicos. Incluso áreas estratégicas como los Humedales Altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy podrían quedar expuestas a la extranjerización.
Expertos advierten que la derogación de la Ley de Tierras no solo afecta la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos, sino que también abre la puerta a la entrega del control de acceso al agua dulce al capital extranjero multinacional. Sin regulación, se plantea la preocupación sobre quién decidirá el acceso al agua y cómo se gestionará este recurso esencial para la vida.
La abogada Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, destaca que aunque legalmente el agua es un bien de dominio público, la realidad puede cambiar dependiendo de quién controle el acceso. La experiencia con casos como el de Joe Lewis en Lago Escondido, donde se impide el acceso al agua por la fuerza, sugiere que la derogación de la Ley de Tierras conlleva la extranjerización efectiva del agua.
El artículo 10 de la Ley derogada definía los cuerpos de agua y establecía limitaciones estrictas para la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras. La derogación afecta no solo a la tierra, sino también a la gestión del agua, un recurso vital para la supervivencia y el equilibrio ambiental.
Esta no es la primera vez que se atenta contra la protección del agua dulce en Argentina. En 2016, el expresidente Mauricio Macri también modificó la Ley de Tierras por Decreto de Necesidad y Urgencia, relajando los términos que impedían la extranjerización del agua.
La actual embestida de Milei, considerada por algunos como continuación de las políticas de Macri, plantea un escenario distópico de privatización del agua potable en Argentina. La sociedad y los defensores del medio ambiente se mantienen alerta ante las posibles consecuencias que esta medida pueda tener en el acceso y la preservación del agua dulce en el país.
