El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha dado un paso significativo en la defensa de los derechos laborales y la constitucionalidad, al presentar ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza contra el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei.
La acción legal, respaldada por el exintegrante de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni, así como por el destacado constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, busca declarar inconstitucional el DNU que pretende desregular la economía y modificar derechos laborales conquistados a lo largo de décadas.
En la presentación, Quintela solicita una medida cautelar que impida la aplicación del decreto en cuestión, argumentando que este produce «perjuicios irreparables a la ciudadanía». El gobernador hace hincapié en que la vigencia del DNU 70/23 afecta gravemente el federalismo y la institucionalidad de la república, colocando a la sociedad argentina en un estado de vulnerabilidad en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales.
El mandatario provincial ha expresado en redes sociales que esta iniciativa judicial tiene como objetivo principal «hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 70/2023». Los fundamentos de la acción presentada coinciden con planteamientos previos de particulares, gremios, organizaciones sociales y líderes de la oposición que también han impugnado el decreto en instancias judiciales de menor jerarquía.
El texto de la acción destaca que el DNU 70/23 afecta varios artículos de la Constitución Federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quintela, en su calidad de representante de la provincia, solicita a la Corte Suprema la suspensión total de los efectos del decreto, subrayando que este recurso judicial busca garantizar la vigencia del estado de derecho y consolidar los valores democráticos de la Nación.
Esta presentación ante la Corte Suprema marca un hito en la defensa de los principios constitucionales y refleja la determinación del gobernador Quintela en proteger los intereses y derechos de la sociedad riojana. La resolución de este caso no solo tendrá repercusiones en La Rioja sino que también sentará precedentes significativos en el ámbito nacional.
