El miércoles pasado, el presidente Javier Milei presentó al Congreso la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», un megaproyecto que propone una reforma integral del Código Penal y la legislación vigente. Sin embargo, esta propuesta ha generado fuertes críticas y alertas por parte de especialistas en violencia institucional y defensores de los derechos civiles.
El proyecto, que busca otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años, ha levantado preocupaciones debido a su impacto en las garantías constitucionales y los derechos democráticos. Especialistas en violencia institucional han advertido sobre los riesgos de criminalizar la protesta social y de permitir el «gatillo fácil» policial.
Ataques a los derechos democráticos
El capítulo dedicado al control de las calles propone aumentar las penas contra manifestantes, volviéndolas no excarcelables. La modificación del artículo 194 del Código Penal contempla sanciones más severas para aquellos que obstruyan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos, así como para quienes organicen manifestaciones que afecten la circulación.
Expertos en seguridad democrática y violencia institucional señalan que este proyecto fomenta la permisividad para el «gatillo fácil» policial al ampliar la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para utilizar la fuerza letal en legítima defensa. Además, prohíbe que los familiares de las víctimas actúen como querellantes en estos casos, generando preocupación sobre la imparcialidad en la investigación de incidentes.
Desafíos a estándares internacionales
El proyecto también ha sido criticado por ampliar los supuestos de legítima defensa y de cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad de manera regresiva. Victoria Darraidou del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destaca la preocupación por la interpretación anticipada a favor de las fuerzas de seguridad, contradiciendo estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
El requisito de obtener permisos del Ministerio de Seguridad para manifestarse y la imposición de requisitos de preaviso son vistos como desincentivos a la protesta social, limitando la capacidad de manifestaciones espontáneas.
Riesgo de impunidad policial
La propuesta también plantea un desafío a la capacidad de judicializar casos de violencia institucional al dar un valor determinante a la versión policial sobre la verdad judicial. Este enfoque anula la posibilidad de ejercer el derecho o realizar acusaciones contra la policía en casos de abuso o desproporcionalidad en el uso de la fuerza.
La Ley Ómnibus de Milei ha generado intensos debates sobre la protección de los derechos civiles y democráticos, planteando preocupaciones sobre la posible impunidad policial y el impacto en la libertad de expresión y protesta social en Argentina.
